El Juzgado Nacional del Trabajo N°63 hizo lugar a una medida cautelar innovativa presentada por el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento y suspendió la aplicación de dos artículos clave de la Ley de Modernización Laboral (27.802) para el sector.
El fallo, que alcanza a miles de trabajadores marítimos, fluviales y portuarios, cuestiona la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo y advierte que la reforma se aprobó «sin debate» y genera un escenario de «desprotección».
El juez Raúl Ojeda, hoy en la mira del Gobierno por la causa de la CGT contra la reforma laboral, suspendió la vigencia de los artículos 1 y 131 de la ley 27.802 de Modernización Laboral para todos los trabajadores representados por el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. La resolución, dictada este miércoles, alcanza al personal que desempeña tareas de dragado, balizamiento, relevamiento, obras portuarias y apoyos logísticos en todo el país, tanto en el ámbito público como privado.
El fallo cuestiona de raíz la reforma impulsada por el Gobierno Nacional. El artículo 1 de la ley modificó el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y excluyó expresamente de su órbita al «personal embarcado comprendido en el régimen de la Ley de Navegación N° 20.094». En términos prácticos, el sindicato denunció que esa exclusión deja a miles de trabajadores sin las garantías estructurales del derecho laboral argentino. El juez Ojeda coincidió en que se trata de una «desprotección» que afecta derechos de jerarquía constitucional.
Por su parte, desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), expresaron a sus afiliados: «Con gran satisfaccción informamos que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63 ha otorgado la medida cautelar presentada por nuestro gremio contra la reforma laboral, suspendiendo la aplicación de sus disposiciones».
«Esta acción judicial fue llevada adelante por el equipo jurídico del SOMU por expresa instrucción de nuestro secretario general, Raúl Durdos, quien encabeza la defensa de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras marítimos» agregaron.
Y concluyeron: «La obtención de esta medida cautelar en primera instancia, representa un paso fundamental en la lucha por proteger las conquistas históricas de la clase trabajadora, frenando cautelarmente la aplicación de aquellas disposiciones que atentan contra nuestros derechos».
