PANORAMA GREMIAL junto a los estibadores del SUPA Rosario.
Dialogamos con Cesar Aybar Secretario General del SUPA Rosario, quien nos pidió esperar lo que suceda en la Asamblea del próximo jueves , donde se conocerán las decisiones soberanas de los estibadores del Puerto Rosario.
Terminal Puerto Rosario (TPR), empresa concesionaria de las terminales I y II del puerto local, le comunicó al gremio de los estibadores (Supa) que quiere desprenderse del 50% del personal que trabaja en los muelles.
Según sostuvo la empresa, el ajuste es producto de la caída de las operaciones de comercio exterior en todo el país y el encarecimiento de los costos, factores que le restan viabilidad económica a las operaciones portuarias en la ciudad y por eso quieren ajustar gastos.
En TPR, que opera el negocio de contenedores y cargas generales, trabajan en la actualidad unos 400 estibadores bajo convenio y otros 600 fuera de convenio. De concretarse el ajuste, despedirían a uno 500 empleados trabajadores.
El anuncio puso en estado de alerta y movilización a la conducción del gremio, que además de rechazar la reducción de puestos, prepara una asamblea para el jueves a las 12 en la terminal. Por lo pronto, pararon las operaciones de descarga de un barco siderúrgico con el argumento de que al querer reducir el personal de estiba se pone en riesgo la seguridad en los muelles. Muelles, que por otra parte, demandan fuertes y urgentes inversiones en mantenimiento que hace años que no se encaran.
TPR ya estaba en la mira del Enapro por el bajo nivel de inversiones en infraestructura y equipos. Es que la concesionaria había condicionado durante la administración socialista los millonarios desembolsos que necesitan los muelles a cambio de una extensión de contrato de concesión, que el nuevo gobierno provincial desactivó argumentando que eran claramente desfavorables para el erario público. Fue así que desde 2019 no se registraron, según el ente, inversiones importantes en la infraestructura portuaria. Es más, desde que asumieron las nuevas autoridades del Enapro estuvieron en activas gestiones para que el concesionario cumpla con todas sus obligaciones contractuales.
TPR es propiedad casi por mitades de la chilena Ultramar y de la santafesina Vicentin. Y si bien tras la caída de la aceitera, Ultramar empezó a tomar el control político (operativo lo tuvo siempre ya que tienen el know how), el que comunicó al gremio la novedad fue Gustavo Nardelli, de una de las familias dueñas de la agroexportadora en default.
Es más, cuando hacia 2010, Vicentín tomó el control de TPR Nardelli fue uno de los principales arquitectos de los convenios de “paz sindical” con el Supa que lograron tener durante más de 10 años el puerto local sin conflictos laborales.
Pero ahora además de anunciar el recorte que pretenden, avisó que conseguirá, por fuera del gremio, el personal necesario para que el barco siderúrgico pueda completar la operatoria en el muelle rosarino. Anuncio que no hizo más que calentar la situación con el Supa.
Ultramar –un grupo chileno de primer nivel con puertos en distintas partes del continente- puso en marcha un plan de ajuste muy fuerte en todas sus terminales. Incluso, en el puerto de Montevideo también anunció un ajuste muy fuerte que también está generando conflictos.
En rigor, todo el comercio exterior quedó muy afectado por la pandemia a raíz del encarecimiento de los costos de flete. Pero además Argentina, producto de su crisis económica, enfrenta una reducción de su comercio exterior (en operaciones no cerealeras) que achica aún más la renta del negocio portuario.
