La quiebra fraudulenta por vaciamiento y con fines de adjudicación directa del Grupo Vicentin a la trasnacional Glencore podría concretarse en el transcurso de 2023, más allá que la posibilidad de salvataje de la empresa (técnicamente denominado cram down, según el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras). Las alternativas en torno el mayor default de la historia santafesina, que incluyó un fallido intento de “declaración de utilidad pública” por parte del gobierno nacional y una intervención “superadora” por parte del gobierno de Santa Fe para evitar la estatización, ocupó las primeras planas de la prensa gráfica y fue trending topic en redes informativas desde junio 2020 hasta fines de ese año, cuando el asesor presidencial Ricardo Forster le confiaba a este escriba que “yo creo que (el presidente) es consciente de que el problema Vicentin tuvo sus costos y aún se están pagando. El efecto negativo Vicentin debilitó la capacidad de interpelación de Alberto en relación a la base propia, ese mundo indispensable a la hora de imaginar la estabilidad del gobierno y el triunfo en las elecciones de medio término”. Elecciones que se perdieron, pero son muchas las razones que explican la pérdida de credibilidad y poder del presidente, hasta tener que soportar el mote que su vicepresidenta le puso al Frente de Todos: Agrupación Amague y Recule.
El grupo, cuya estructura offshore el gobierno desconocía al momento de decidir la fallida estatización, estafó a productores, cooperativas y bancos públicos y privados en u$s1.574 millones y al día de hoy no se ha resuelto ni el cobro de créditos de sus acreedores –entre los que se encuentra el Banco Nación como acreedor privilegiado, con el 20% del total concursado–, ni la mantención de los puestos de trabajo (más de 2.000 directos y 3.400 indirectos), ni el destino final de la empresa. Entre el juez de Reconquista Fabián Lorenzini y el nuevo directorio (Scarel, Foschiatti y Bougain) lograron prácticamente lo mismo que Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) y otros a nivel nacional: que transcurran más de tres años sin que el Frente de Todos pueda impulsar ningún cambio significativo, a la espera del retorno de un gobierno especializado en estafas de gran porte, del que Vicentin fue socio y aportante de campaña, con $19 millones a través de las empresas Algodonera Avellaneda, Friar y Oleaginosa San Lorenzo.
Fuente: Redigital.com
