El Ministerio de Trabajo de Santa Fe resolvió este lunes prorrogar hasta el martes 11 de agosto la conciliación voluntaria con efectos de obligatoria en el conflicto por el cierre de la planta de caucho sintético de Pampa Energía, ubicada en Puerto General San Martín. La decisión fue adoptada durante una nueva audiencia entre las partes, mientras trabajadores realizaron una masiva protesta frente a la sede de la cartera laboral de Ovidio Lagos y San Lorenzo, para reclamar la continuidad de las fuentes laborales.
Con la prórroga de la conciliación obligatoria hasta el próximo 11 de agosto, dictada durante una nueva audiencia por el conflicto en la planta de caucho sintético de Pampa Energía, el Gobierno de Santa Fe se comprometió a conformar una mesa de trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Productivo para analizar el futuro de una actividad considerada estratégica para la provincia y el país. En ese contexto, el secretario general del SOEPU, Mauricio Brizuela, fue categórico: «No vamos a resignarnos al cierre de una producción estratégica para la Argentina».
Como uno de los principales resultados de la audiencia, el Ministerio de Trabajo provincial asumió el compromiso de convocar a una mesa conjunta con el Ministerio de Desarrollo Productivo para evaluar alternativas que permitan preservar la actividad y las fuentes laborales.
Asimismo, el dirigente valoró la decisión del Ejecutivo provincial de involucrar al Ministerio de Desarrollo Productivo en el tratamiento del conflicto y consideró que esa instancia abre una oportunidad para encontrar una solución.
«La decisión de cerrar la planta es de la empresa y nadie pretende trasladar esa responsabilidad. Pero la Provincia tiene la responsabilidad institucional de defender el trabajo y la producción cuando está en riesgo una actividad estratégica para Santa Fe y la Argentina. Por eso creemos que esta mesa de trabajo debe convertirse en el ámbito donde se construyan las condiciones para evitar el cierre.»
Por otra parte, Brizuela advirtió que este conflicto debe sentar un precedente respecto de decisiones empresariales que afectan actividades estratégicas. «No puede ser que una empresa decida cerrar una producción estratégica sin presentar un estudio técnico, económico o productivo que justifique una medida de estas características. Hasta hoy no existen explicaciones públicas que permitan comprender las razones de esta decisión. Cuando está en juego una actividad estratégica para el país, el trabajo de cientos de familias y el futuro de una región, el Estado no puede permanecer al margen».
«Estamos hablando de cuatro plantas que funcionan de manera integrada, con procesos interdependientes y con sustancias de alta peligrosidad. Un cierre de estas características no puede resolverse de manera unilateral. Deben existir evaluaciones técnicas, ambientales y de seguridad que garanticen la protección de los trabajadores, de las instalaciones y de toda la comunidad.»
El conflicto se inició el 21 de julio, cuando las autoridades del holding que conduce Marcelo Mindlin comunicaron al Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos (SOEPU) el cierre de la única fábrica de caucho sintético del país, ubicada en Puerto General San Martín, en el cordón industrial del Gran Rosario. Paralelamente, comenzaron las negociaciones individuales con los trabajadores mediante ofrecimientos de retiros voluntarios.
Brizuela insistió en que el conflicto excede la situación de una sola planta y plantea una discusión de fondo sobre el futuro de la industria nacional, al manifestar «lo que está en discusión no es solamente el futuro de una fábrica. Está en juego la capacidad de la Argentina de sostener producciones estratégicas y defender su entramado industrial». Concluyó «vamos a seguir utilizando todas las herramientas gremiales e institucionales para que esta planta continúe produciendo y para que este caso siente un precedente en defensa del trabajo, la producción y la industria nacional».
Fuente: Conclusiòn
