En un contexto complicado para el sector de la construcción, Santa Fe destaca en comparación con otras provincias por la apuesta a la obra pública del gobierno provincial. En el ámbito privado la situación no mejora.
En Rosario, los pedidos de autorización de edificación bajaron un 35% en el último año. Esa caída complica severamente a las pequeñas y medianas empresas constructoras. Algunos profesionales advierten que hay urgencia por cerrar proyectos para poder pagar sueldos. La competencia, lejos de ser virtuosa, parece la ley de la selva: guerra de presupuestos al costo y canibalización marcan el pulso de la puja entre grandes, medianas y pequeñas empresas del rubro.
Mariano Schor, presidente de la Cámara de la Construcción de Rosario, se refirió a esta problemática:“Si medimos el nivel de consumo de cemento a nivel global, estamos en niveles bajísimos, aun cuando la provincia de Santa Fe y Rosario son casi islas dentro de esta situación».
Es de público conocimiento que la provincia tuvo gestos significativos con el sector de la construcción. No sólo invirtió en obra pública dentro del territorio provincial a contramano de lo dispuesto por las políticas nacionales, sino que, además, ubicó a Schor como integrante de la mesa sectorial armada por el Ministerio de Producción.
Más allá de la inyección en inversión que se aplicó a la actividad no alcanza para evitar un retroceso que en mayo de 2026 fue del 16,8% respecto del mismo mes del año anterior, según los datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe (IPEC).
El trabajo se concentra actualmente en los barrios cerrados y countries que se están construyendo en el conurbano rosarino, en edificios de gran porte y en las obras públicas y viales que la provincia auspicia.
Fuera de esos emprendimientos, los permisos de edificación en la provincia bajaron de 146.960 en junio de 2025 a 117.821 en el mismo mes de 2026, lo cual refleja una caída del 19,8% a nivel provincial.
En Rosario, el número es aún peor: según fuentes consultadas dentro del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, la retracción es del 35%. Si se analiza la evolución desde el comienzo del gobierno de Milei a la fecha, junio de 2023 cerró con 182.956 permisos presentados y en el mismo mes de 2024 se alcanzaron apenas los 89.278 (51,2% menos).
Entre rutas y cárceles, con el «Infierno» de Piñero como obra emblemática, el Ministerio de Desarrollo Productivo sostuvo una importante inversión en el área de la construcción, lo cual explica el sostenimiento de la actividad en las empresas constructoras más grandes. No obstante, el universo de las pymes y las microempresas se desmorona lentamente.
El último informe de la Confederación de PyMES Constructoras de la República Argentina (CPC) señala que las empresas de más de 200 empleados registraron un crecimiento de 7,1% del empleo en los últimos 12 meses, mientras que las PyMES registraron una caída de 1,3% interanual en junio. El desplome de mayo a junio fue de 2,7%.
El relevamiento sostiene que los niveles de la actividad son “históricamente bajos”. El gasto en la obra pública a nivel nacional se desplomó 74,9% en términos reales a nivel interanual. Se registran 89.359 puestos laborales menos en comparación con mayo de 2023, fecha en la que de acuerdo al reporte se ubica el inicio de una tendencia a la baja del empleo del sector.
La reducción del mercado de obras y refacciones disponibles, producto de los aumentos en los materiales y la retracción del poder adquisitivo, llevó a que los constructores presenten presupuestos muy cercanos a lo que le demandan los costos para poder ser competitivos. Esta lógica termina desatando un “todos contra todos” que si bien es moneda corriente entre los profesionales liberales, termina generando casos en los que se complica hasta el pago de los jornales.
Las empresas constructoras de Santa Fe actualmente se encuentran trabajando con márgenes muy pequeños. “Para el constructor PyME bajó mucho su actividad. Todas las tareas y trabajos pequeños no están teniendo el impacto de otros años”, lamentó Schor y deslizó que la Cámara realiza gestiones para utilizar fondos que actualmente están ociosos. La idea es utilizarlos «para securitización de los créditos hipotecarios buscando brindar tasas más bajas que las que están hoy en el mercado”.
