Ante la evidente caída del consumo, las pequeñas y medianas empresas no logran solventar sus gastos. Las importantes deudas que acumulan, se convierten en motivo de despidos, embargos y cierres de fábricas.
En cada jueves de Panorama Gremial, dialogamos con representantes de distintos sectores de la industria, todos coiciden en algo: la fuerte caída del consumo. Esta situación hace que a las Pymes les cueste cada día más mantener sus persianas abiertas.
Para este 2026, se esperan cifras negativas hisotóricas, solo hasta junio del corriente año se presentaron 132 empresas formalmente constituidas para informar su proceso de quiebra inminente si es que la realidad productiva no cambia.
Según datos oficiales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en la Ciudad de Buenos Aires se concursaron 190 pymes durante todo 2025, lo que significa que en la mitad de tiempo ya se alcanzó casi el 70% de un umbral que superó sin precedentes otras crisis industriales, como en 2020 –año del pico de la pandemia–, cuando solo llegaron a esta instancia de confesión judicial de ruptura de la cadena de pagos 106 empresas. Este dato fue confirmado por el titular del Departamento Tributario de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Germán Pizzano, quien relevó la crisis de las fábricas en términos legales.
A su vez, distintas entidades empresarias confirmaron que la crisis, además de haber cruzado hitos históricos, se proyecta aún peor: se estima el cierre de 3.000 industrias registradas para todo este año, sumadas a los emprendimientos informales; una virtual ruptura de la cadena de pagos por el estiramiento de hasta medio año para cobrar a contra temporada, con la alta posibilidad de una cesación de pagos por quiebra; y una presión impositiva feroz que no contempla alivios ante la necesidad del fisco de sostener una recaudación en picada por la caída del consumo.
Frente a este escenario, la necesidad de una respuesta institucional e incluso judicial se vuelve imperativa. Para Pizzano, la coyuntura económica generó un empobrecimiento social y «un estado de cesación de pagos socialmente instalado» en el universo pyme.
Advirtió que, para evitar la quiebra y el remate de bienes, se requiere el dictado urgente de una normativa transitoria. «El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de Emergencia», sentenció el especialista, alertando que la inacción agravará la crisis por la enorme pérdida que significa el capital hundido en maquinarias que dejan de operar.
Con la fuerte caída de las ventas, las empresas no logran cubrir los impuestos corrientes y los planes de pago; al caerse estas facilidades, la deuda se retrotrae a montos siderales imposibles de afrontar, desatando los embargos.
El sector textil es, quizás, el caso testigo más dramático del industricidio en curso, que ya superó al macrista. En ese punto, la actual avalancha de quiebras marca un récord absoluto, superando ampliamente la pandemia, el 2001 y la década de los 90.
A diferencia del parate por el Covid-19, que golpeó mayormente a pequeños talleres informales por problemas de habilitación, hoy la destrucción castiga de lleno al corazón formal de la industria.
Esta ruptura del tejido productivo arrastra de forma inexorable a la cadena de pagos. En relación a esto, los plazos de cobro en indumentaria se han extendido hasta los 180 días, una condena en un país con inflación. Además, como agravante letal, reapareció la morosidad y un viejo fantasma: el cheque rebotado.
Las pymes, catalogadas hoy como «la mancha venenosa» en el sistema bancario, quedan marginadas del crédito e imposibilitadas de cubrir descubiertos cuando un cheque descontado viene sin fondos. Ya se perdieron cerca de 800 empresas formales y unos 25.000 puestos de trabajo registrados, una cifra que podría arañar los 100.000 si se dimensiona la informalidad.
La radiografía que convalida el pánico fabril quedó plasmada en el último informe de la Fundación ProTejer. El documento confirmó que la industria textil operó en mayo de 2026 con más de seis de cada diez máquinas apagadas.
La producción se desplomó un 26,2% interanual en ese mes, configurando un escenario donde el mercado interno –históricamente abastecido en partes iguales por bienes locales e importados– hoy está capturado en un 70% por las importaciones.
Las planillas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo avalan el desangre: entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la cadena textil, indumentaria y calzado perdió 942 establecimientos y lideró el ranking de despidos relativos de la economía con un colapso del 21% de su plantilla laboral.
Para dimensionar la velocidad real y la profundidad del daño, el economista Diego Coatz, al frente de la consultora I+D, elaboró un relevamiento que anticipa un cierre masivo de fábricas debido a la parálisis.
El ex UIA detalló que siete de las doce principales cadenas operan con cerca de un 40% de capacidad ociosa y advirtió que el sector productivo atraviesa «un proceso de destrucción regresiva del entramado productivo, con menos empresas, menor capacidad de inversión y mayor pérdida de empleo y conocimiento industrial».
Según las proyecciones de su consultora, el año 2026 culminará con la pérdida de unas 3.070 empresas industriales y la destrucción de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
«La capacidad ociosa prolongada deja de ser solamente un indicador de actividad: comienza a traducirse en pérdida de empresas, proveedores, empleo y conocimiento industrial difícil de recuperar», sentenció el analista.
