Ante la disparatada intención de modificar la Ley Federal de Pesca Marítima -Nº 24.922- instrumentada a través de la Sección III del proyecto de “Ley Ómnibus” enviada al Congreso Nacional, el Secretario General Mariano Vilar ha cursado pedidos de audiencia a la Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y a los Presidentes de los distintos bloques de las cámaras de Diputados y Senadores, con el fin de fundamentar el más enérgico rechazo desde el Sindicato de Conductores Navales a la propuesta del Poder Ejecutivo.
En el caso de la Ministra Mondino -quien ha demostrado un total desconocimiento de la realidad pesquera argentina-, se la puso en conocimiento que la pesca marítima es una actividad económica que no sólo ha contribuido al desarrollo de varias ciudades patagónicas -Puerto Deseado, Puerto Madryn, Rawson y Caleta Paula, entre otras- y a la creación de miles de empleos a lo largo del litoral marítimo sino que, y de fundamental importancia, ha logrado la ocupación de todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina con buques de bandera nacional tripulados por trabajadores argentinos.
Llama la atención este desconocimiento de la importancia estratégica de contar con un sector pesquero fuerte, ya que el ministerio a su cargo tiene la representación de la República Argentina en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, CTMFM, establecida en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que regula la actividad pesquera argentino-uruguaya en la denominada “zona común” y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marítimos Antárticos, CCRVMA, que regula, entre otras cosas, la pesca en aguas antárticas y sub-antárticas. De no menor importancia, integra la Comisión de Pesca del Atlántico Sur -creada por el Tratado de Madrid- que discute el tema de su competencia con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte, usurpador y ocupante ilegal de nuestras islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Se le puso de manifiesto que permitir el acceso a nuestro caladero al “mejor postor” como propone el proyecto referido, no sólo pone en peligro a un sector que ha realizado cuantiosas inversiones en buques y plantas de procesamiento, generando miles de puestos de trabajo para trabajadores altamente calificados -tanto en tierra como en el mar-, sino que permite la incursión de flotas extranjeras con sus tripulaciones en aguas de jurisdicción nacional, poniendo en riesgo la sustentabilidad de nuestros recursos pesqueros y el poder negociador del país en los organismos internacionales con competencia en materia pesquera.
En caso de ser otorgada la audiencia solicitada con carácter de “urgente”, se le hará saber a la Ministra Mondino que la problemática de la pesca no declarada y no reglamentada en la “milla 201” no se soluciona haciendo desaparecer a nuestra industria pesquera sino todo lo contrario. Una actividad pesquera sustentable como la que desarrolla nuestro país, es el mejor respaldo a las negociaciones internacionales que deberían iniciarse con aquellos países cuyas flotas operan en el océano atlántico sudoccidental, para lograr un ordenamiento del caladero que impida la depredación de los recursos.
«Además, en esa oportunidad, y siempre atendiendo la preocupación de la funcionaria por lo que sucede en la “milla 201”, le preguntaremos -más allá que su designación es muy reciente-, cuál es la razón por la que la República Argentina no depositó en Naciones Unidas el “instrumento” del Acuerdo de Nueva York sobre “Especies transzonales y altamente migratorias”, que fue un importante primer paso para regular la pesca en aguas internacionales».
«Con respecto a los Presidentes de los distintos bloques de ambas Cámaras del Congreso, se les fundamentará el enérgico rechazo a la modificación propuesta de la Ley Nº 24.922 -de Pesca marítima-, por significar el virtual certificado de defunción de la pesca argentina, con su secuela de amarre de buques y cierre de plantas procesadoras y la consecuente pérdida de miles de puestos de empleo para trabajadores marítimos, de la industria del pescado, de los astilleros y talleres navales, así como de los portuarios ya que no se obliga a descargar en puertos argentinos».
«Como es nuestra política, los mantendremos informados del resultado de las gestiones iniciadas para impedir un cambio legislativo que destruirá nuestra pesca marítima»expresaron desde la Comisión Directiva Central y Consejo Federal del gremio.
