Las principales centrales sindicales de Argentina, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), han presentado una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) solicitando la intervención urgente del Director General de la OIT. La denuncia apunta al Gobierno argentino por presuntas violaciones al Convenio sobre la Libertad Sindical, la Protección del Derecho de Sindicalización y el Derecho a la Protesta.
Contexto Social y Económico:
Las centrales sindicales argumentan que el reciente plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el Gobierno generará una aceleración del proceso inflacionario y afectará el poder adquisitivo de los trabajadores formales e informales, así como de diversos sectores de la sociedad, incluyendo jubilados y pensionados. Advierten que estas medidas también amenazan con la pérdida de empleo y señalan que el Gobierno adoptó un «Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación» dos días después de anunciar el plan.
Nuevo Protocolo y Denuncias:
El protocolo, según las centrales sindicales, restringe derechos constitucionales básicos y autoriza a las fuerzas federales a intervenir en situaciones de protesta social. Entre otras atribuciones, permite la intervención policial sin orden judicial, la creación de un registro de organizaciones que reclaman en el espacio público, la identificación de vehículos utilizados en manifestaciones, y demandas judiciales por los costos de operativos para cesar actos ilegítimos.
Incompatibilidad con Normas Internacionales:
Las centrales sindicales argumentan que el protocolo viola normas internacionales del trabajo y recomendaciones de la OIT. Citan decisiones del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que respaldan el derecho a la protesta en el marco laboral y alertan contra la represión excesiva.
Criminalización de la Protesta:
Las centrales sindicales sostienen que el protocolo intenta configurar la protesta social como un delito penal, contradiciendo principios fundamentales de derechos humanos y libertades civiles. Además, expresan preocupación por el uso indiscriminado de la fuerza pública como un intento de desalentar la protesta legítima.
Llamado a la OIT:
Ante esta situación, el movimiento sindical argentino hace un llamado urgente al Director General de la OIT para que atienda la denuncia y la remita con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Alegan que la efectividad del protocolo instauraría un mecanismo represivo en contra de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales y recomendaciones de la OIT.
Se espera que la OIT evalúe la denuncia presentada por las centrales sindicales argentinas y tome medidas correspondientes en relación con las presuntas violaciones a los derechos laborales y libertades fundamentales señaladas en el documento.
