En un acto llevado a cabo en el Monumento a la Bandera, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentaron el ambicioso «Plan Bandera». Esta estrategia integral tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre las fuerzas provinciales y nacionales para prevenir y combatir el crimen y el delito organizado en la ciudad de Rosario. El «Plan Bandera» busca establecer un comando operativo conjunto con amplia cobertura territorial, incorporando refuerzos de las fuerzas federales para apoyar las tareas de prevención de las fuerzas provinciales.
Ante la formación de efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, el gobernador Pullaro destacó la importancia de estas medidas coordinadas para mejorar gradualmente los índices de inseguridad y violencia en la región. En su intervención, Pullaro resaltó la necesidad de incrementar el número de móviles operativos, anunciando un aumento significativo de unidades en servicio. «En una semana llevamos el número a 80, y vamos a trabajar para superar los 100 antes de fin de año y llegar a 200 en el primer trimestre de 2024», afirmó el gobernador.
La ministra Patricia Bullrich destacó la determinación del gobierno nacional de enfrentar el crimen organizado y la delincuencia, anunciando cambios en el artículo 34 del Código Penal para fortalecer la legítima defensa de los miembros de las fuerzas de seguridad. También reveló la llegada de agentes del grupo motorizado «Linces» de Gendarmería Nacional y la implementación de un programa de detección de drogas en correos privados y encomiendas.
Entre las medidas anunciadas por Bullrich se encuentra el regreso de la inteligencia criminal a la región, con la formación de un grupo élite de investigadores de las cuatro fuerzas federales. También se anunció un programa de «reducción de armas» y la puesta en marcha de un sistema de denuncias anónimas del Ministerio de Seguridad de la Nación, destinado a destruir búnkeres y lugares de venta, así como políticas de control sobre precursores químicos para prevenir la elaboración de drogas.
